Responder bien empieza por saber qué te ampara.

Cada año, cientos de miles de ciudadanos reciben una carta de la Agencia Tributaria.

Dentro, un requerimiento: lenguaje seco, plazos cortos, advertencias de sanción. Y, en muchos casos, un anexo titulado “Información sobre sus derechos y obligaciones”. Suena tranquilizador. Pero quien lo lee descubre pronto que no lo es. Este anexo que muy procos entienden no es una invención reciente, su inclusión amparada por la Ley es habitual y enumera derechos con precisión jurídica, pero sin traducción humana:

  • “Derecho a ser informado y asistido”,
  • “Derecho a formular alegaciones”,
  • “Derecho a obtener copias de los documentos que obren en el expediente” …

Todo cierto, pero nada claro. Correcta, pero inútil.

La Administración da por cumplido su deber de informar, aunque el ciudadano medio no entienda nada Ni una línea explica cómo ejercer esos derechos, dónde pedirlos, qué plazo hay o qué pasa si no lo haces.

No explica de forma comprensible para el contribuyente de la calle que tiene derecho a saber por qué fue seleccionado.

No explica que puede exigir conocer qué datos suyos posee la Administración y de dónde los obtuvo.

No explica que no está obligado a aportar más documentación de la estrictamente solicitada.

No explica que puede reclamar y que los tribunales anulan regularmente actuaciones irregulares.

No explica que no está obligado a autoincriminarte

No explica que, si fue seleccionado por un algoritmo, tiene derecho a transparencia sobre ese proceso automatizado.

Legalmente Hacienda cumple con informar, comunicativamente fracasa. Cumple con enviar derechos, pero no con traducirlos. Y eso tiene consecuencias: más miedo, menos colaboración y una brecha creciente entre la Administración y la sociedad que la financia.

Esto no es una batalla contra hacienda o los impuestos. Es una batalla por un Estado de Derecho que funcione también en materia tributaria. Donde Hacienda cumpla la ley con el mismo rigor con el que la exige. La sanidad, las pensiones, la educación las infraestructuras, servicios públicos —todo lo que hace funcionar un país— se financia con la contribución de todos. Cumplir con las obligaciones fiscales no es una opción, es un deber cívico y constitucional. Y luchar contra el fraude fiscal es legítimo y necesario. El problema es cuando su maquinaria aplasta por igual a evasores y a contribuyentes honestos que simplemente cometieron un error. Cuando se presume culpabilidad en lugar de inocencia. Cuando las garantías procesales se convierten en letra muerta. El miedo no debería ser una herramienta administrativa

El factor oculto: los algoritmos

 La mayoría de requerimientos actuales no nacen de un funcionario revisando tu declaración, sino de sistemas automatizados que cruzan datos y detectan “anomalías”. Es decir, te selecciona un algoritmo. Un programa informático cruza datos de bancos, notarios, registros, Seguridad Social, declaraciones de terceros…, y lanza avisos cuando detecta “incoherencias”. A veces acierta; otras, no tanto. Pero el tono de la carta es el mismo en todos los casos: impersonal, rígido, intimidante. Esa automatización, pensada para ganar eficiencia, tiene un efecto colateral: deshumaniza la comunicación. El ciudadano ya no sabe si le escribe un funcionario o una máquina. Y cuando no hay interlocutor visible, no hay confianza. Nadie se atreve a preguntar a un algoritmo por qué se le señala.

El artículo 96.4 de la Ley General Tributaria exige que esos sistemas tengan “publicidad suficiente”. En teoría, deberías poder conocer sus criterios. En la práctica, la AEAT se niega a publicarlos alegando que eso facilitaría el fraude. Pero los tribunales empiezan a reaccionar: En 2020, el Tribunal Supremo español (STS 1231/2020) anuló actuaciones basadas en algoritmos opacos, recordando que una “corazonada automática” no justifica por sí sola una intervención administrativa.

Se avanza hacia un principio claro: ningún sistema automatizado puede estar por encima de los derechos fundamentales.

No es una multa, ni una condena

Conviene recordarlo: un requerimiento no es una sanción. Es una solicitud de información, no una acusación. La mayoría se deben a simples discrepancias de datos, deducciones, movimientos bancarios o cruces automáticos. Pero el lenguaje de amenaza provoca que muchos ciudadanos respondan con miedo, o peor aún, con silencio. El sistema tributario moderno se apoya en datos, pero se sostiene en personas. La ley protege al contribuyente, pero su protección se diluye cuando el lenguaje y el procedimiento lo tratan como un número.

 Tras décadas de experiencia en procedimientos tributarios, hay prácticas que marcan la diferencia:

  • Documenta todo: fechas, plazos, comunicaciones.
  • Exige concreción: si el requerimiento es genérico, pide que lo especifiquen.
  • No entregues más de lo que piden: responder de más puede volverse en tu contra.
  • Busca asesoramiento desde el primer día: el tiempo es clave.
  • Evalúa si conviene recurrir: no siempre es útil litigar, pero cuando hay defectos claros, sí merece la pena.

Lo que debe cambiar

 No hacen falta grandes reformas legales, sino un cambio cultural en la relación entre Hacienda y el ciudadano:

  • Transparencia en la selección algorítmica.
  • Motivación real y concreta en cada requerimiento.
  • Información clara sobre derechos en cada comunicación.
  • Auditoría externa de los sistemas automatizados.
  • Consecuencias institucionales cuando se vulneran garantías.

Autoridad o abuso

Un sistema tributario puede ser eficiente y respetar los derechos de los contribuyentes. De hecho, los países con mayor recaudación no son los que más intimidan, sino los que generan mayor confianza institucional. Cada vez que un ciudadano exige motivación, solicita acceso a sus datos o recurre una actuación irregular, no solo se defiende a sí mismo: construye un sistema más justo para todos.

Porque la frontera entre autoridad y abuso no la marca la ley escrita, sino el ciudadano que sabe decir: “esto no es correcto”.